SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana se pronunciará el próximo 28 de abril sobre la solicitud de extradición de un ciudadano que actuó como asesor legal de diez estadounidenses investigados por tratar de sacar ilegalmente a 33 niños de Haití tras el sismo, dijo hoy una fuente oficial. La información la ofreció la encargada de extradición de la Procuraduría General local, Gisela Cueto, quien aseguró a medios locales que el extraditable Jorge Torres Puello figura en la "línea roja" de la policía internacional (INTERPOL). Torres Puello se escondía en República Dominicana después de que se descubriera que utilizaba el país como puente para llevar niños haitianos a Estados Unidos tras el terremoto del pasado 12 de enero. El dominicano también estaba prófugo de la justicia de El Salvador y Costa Rica, si bien el arresto obedeció a una petición de EE.UU, cuyas autoridades quieren juzgarlo como supuesto cabecilla de una red que introducía indocumentados en ese país procedentes de Centroamérica y el Caribe, entre ellos menores haitianos, según las autoridades locales. Torres Puello fue apresado el 18 de marzo por miembros del Departamento de Investigaciones Especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el estacionamiento de una hamburguesería de la capital dominicana. Su caso adquirió notoriedad tras el arresto, a finales de enero, de diez estadounidenses pertenecientes a la organización Refugio de Niños Nueva Vida, de Idaho. Los misioneros, a quienes el ahora detenido prestó supuestamente asesoramiento legal, fueron apresados cuando trataban de entrar en territorio dominicano en un autobús con los 33 niños, a los que al parecer pretendían ofrecer una vida mejor lejos del caos reinante en Haití tras el movimiento telúrico. Nueve de los arrestados quedaron en libertad durante las últimas semanas y en la actualidad sólo la considerada responsable del grupo, Laura Silsby, permanece detenida y es investigada como supuesta organizadora del traslado ilegal. Según las autoridades estadounidenses, que ordenaron el arresto de Torres Puello en abril de 2003, así como las de El Salvador y Costa Rica, el inculpado "es parte importante de una red de traficantes de indocumentados, especialmente mujeres y niños procedentes de Centroamérica y el Caribe". El imputado, quien se hace llamar también Jorge Torres Orellana y George Simard, es reclamado igualmente por el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, en El Salvador, donde se le acusa de explotación sexual de menores y de mujeres. Su esposa, Ana Josefa Ramírez Orellana, está encarcelada en ese país por los mismos cargos. Torres Puello estuvo preso en Miami, Florida, hace un tiempo, por utilizar la tarjeta de seguridad social de una persona fallecida, agregó la DNCD. EFE |
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